Una productora le gano al municipio en la justicia por el tema caminos rurales
Una empresaria agropecuaria del oeste bonaerense terminó con la resignación y la pasividad. Fue contra los abusos del Estado municipal de su zona y la Justicia le dio la razón. Un tiro para el lado de los buenos. Ahora hay que multiplicar la experiencia.
La resignación es una característica propia de los argentinos que cada mañana arrancamos temprano y le dedicamos gran parte del día al trabajo, respetando las leyes y a quienes nos gobiernan, aunque muchas veces no lo merezcan. A más de uno le costará aceptarlo, pero es así. Y es la punta del ovillo de muchos de los padecimientos que nos regala este país.
Esta resignación es tan nociva como la actitud de un Estado omnipresente, que decide quién gana y quién pierde, que fija tasas e impuestos abusivos para seguir gastando a dos manos y hacer clientelismo, que presta servicios deficientes o directamente no lo hace a pesar de cobrar el trabajo. Un Estado, en suma, que le pone una alta impronta de mala praxis a la administración del país, de las provincias y de los municipios.
Es cierto, tenemos nuestra cuota de culpa. Nos quejamos en cuanto ámbito existe, mientras sea privado, doméstico, de bajo efecto. A veces es indolencia, a veces falta de tiempo, a veces temor a una represalia que nos termine de complicar la vida. Desde luego, no es fácil dar el paso inicial, y los que están del otro lado se aprovechan.
Por eso quizás se pueda hablar de un hecho histórico, de un mojón, el primero probablemente, al relatar lo ocurrido en Carlos Casares, en el oeste bonaerense. Un municipio que no mantiene caminos está dentro de lo “tristemente normal” en casi toda la Región Pampeana, y más allá también, solo que esta vez alguien dijo basta, y sentó un precedente.
Andrea Passerini tiene un tambo en esa zona, y es de armas tomar, en el buen sentido. Lejos de resignarse llevó a cabo un planteo judicial por la ausencia de mantenimiento de caminos en el área del municipio referido, que ahora deberá devolverle lo cobrado por un servicio que nunca se dignó a prestar.
La Arboleda, la empresa de Passerini fue por todo lo abonado en concepto de esta prestación inexistente entre 2016 y 2018. Con la paciencia, los gastos y la perseverancia que demanda la Justicia en la Argentina, jamás soltó el hueso, hasta que la Cámara de San Martín, en segunda instancia, falló contra el municipio de Carlos Casares sobre el cobro de las tasas de Conservación y Mantenimiento de la Red Vial Rural, por un lado, y la de Seguridad e Higiene, por el otro.
Passerini y su letrado recurrieron a la aplicación de principios modernos de inversión de la carga de la prueba, es decir, que sea el municipio demandado el que pruebe la efectiva prestación del servicio que se está cuestionando.
Pues bien, el municipio nunca pudo demostrar que había hecho el trabajo por el cual había exigido una suma de dinero que además es excesiva para la magnitud de la tarea. El propio fallo en primera instancia indicaba que “deviene ilegítima e inconstitucional la pretensión fiscal y/o pago del tributo por los períodos mencionados”.
La Justicia consideró además que como el servicio no fue prestado, los pagos deben ser restituidos al contribuyente. El planteo fue finalmente avalado en segunda instancia por la Cámara de San Martín.
Así, se puso de relieve además la desproporción evidente entre lo que se cobra y la calidad y complejidad del servicio, y se planteó que la imposición afectaba el principio de no confiscatoriedad, sencillamente porque en más de un caso iba más allá de lo que podía pagar el contribuyente dado el monto exorbitante de la tasa vial. La cuestión de Seguridad e Higiene, totalmente cuestionable en el ámbito rural, también fue objetada.
La situación desnuda otras realidades. Se llega un punto en que se pagan tantas cosas a la burocracia que se pierde la noción de lo que cada dependencia nos está cobrando, hasta que en un determinado momento se cae en la cuenta de que las sumas abonadas son excesivas y sospechosas en su composición.
Passerini, que además es dirigente de Carbap y CRA, cree que al asunto no termina acá. O no debería al menos. Van a tener que devolverle lo que le han cobrado falazmente con intereses, punitorios y costas, pero no lo hará un funcionario en particular y menos que menos el responsable de la mala praxis sino que saldrá de los recursos de la Municipalidad, originados en el contribuyente. Sería más justo que todo termine en un planteo de incumplimiento de los deberes de funcionario público, con las consecuencias pertinentes.
La movida que inició esta productora bonaerense va a tener coletazos. Permitió comprobar que no todo está perdido. No todo da lo mismo. No a todos les da lo mismo. Lo que hizo esta agroempresaria revela que existen caminos para ir por una causa justa, que hay que ponerse los temas al hombro y empezar a cambiar las cosas desde abajo. Los políticos no lo harán por nosotros.
Hasta acá la historia de un pequeño gran paso. Passerini ha prendido la mecha y ya ha tenido contacto con muchos productores, que se comunicaron con ella para conocer detalles y alimentar su voluntad de cambio, hasta acá algo aletargada. La consigna es clara. Empezar a plantarse, despertarse antes de que nos hiervan definitivamente, como a la rana del cuento.
Fuente: Chacra
