El Gobierno elimina aportes obligatorios que debían pagar establecimientos vitivinícolas
Se dio por finalizado el PEVI 2020, tras dar por cumplido el plazo original del plan.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, a través de la Resolución 55/2026, dispuso la finalización del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y la eliminación de las contribuciones obligatorias que financiaban su funcionamiento.
La Resolución establece el cierre formal del PEVI en un plazo de tres meses, período durante el cual la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) deberá presentar un informe final con el detalle de las acciones realizadas, el grado de cumplimiento de los objetivos, el uso de los recursos y la rendición completa de cuentas. Asimismo, se determinó que los fondos remanentes del plan serán transferidos al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
La decisión se basa en que el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 fue concebido como un programa con metas y objetivos específicos a cumplirse hasta ese año, por lo que cualquier extensión posterior requería la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido, la Secretaría evaluó los pedidos de prórroga realizados por COVIAR y resolvió aprobarlos parcialmente, únicamente hasta la entrada en vigencia de la nueva resolución.
En ese marco, el Gobierno resolvió también poner fin a las contribuciones obligatorias que debían abonar los establecimientos vitivinícolas, al considerar que estas tenían como único destino el financiamiento del PEVI, cuya vigencia ha concluido. A partir de la entrada en vigor de la medida, el INV dejará de recaudar dichos aportes.
Cabe destacar que la medida no implica la disolución de COVIAR, que continuará funcionando como entidad, aunque sin el esquema de financiamiento obligatorio asociado al PEVI.
Al respecto, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó el alcance de la medida: “Eliminamos un impuesto que el Estado había regalado a privados. Durante más de 20 años, el Estado recaudó recursos del sector vitivinícola no para financiar el gasto público, sino para sostener a una entidad privada. Esta Resolución termina con esa anomalía y devuelve al sector mayor libertad y competitividad”.
Asimismo, remarcó que “una cámara empresaria no puede financiarse con un impuesto obligatorio recaudado por el Estado”, y subrayó que el nuevo esquema promueve la libertad de asociación, donde las entidades deberán sostenerse mediante aportes voluntarios de sus miembros.
La Resolución se enmarca en un proceso de revisión de políticas públicas y de adecuación de los instrumentos vigentes a sus plazos y objetivos originales, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector vitivinícola argentino.
FUENTE: Argentina.gob.ar
