El sector del autotransporte no aprueba la duplicación de tramites y costos impuestos por el gobierno

FADEEAC presentó un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Transporte

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) presentó un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Transporte, el 15 de noviembre último, para conocer los motivos por los que se instrumentó una nueva certificación de configuración de modelo de los camiones que sólo duplica los trámites e incrementa los costos del transporte.

En febrero, las autoridades nacionales notificaron a FADEEAC de la puesta en marcha del nuevo sistema de “Certificación de la Certificación”. Sin embargo, y a pesar de ser parte directamente interesada -esta entidad nuclea a 44 Cámaras de transporte de todo el país-, nunca se nos consultó por el alcance y efecto de la medida que establece la obligatoriedad de dos trámites con idéntico alcance y contenido.

Hasta febrero, cada vez que el propietario de un camión hacía una modificación al vehículo que alteraba la configuración del modelo del fabricante (agregar un nuevo tanque de combustible, por ejemplo) debía tramitar un certificado en el Taller de Reparación y Modificación autorizado (pagando aranceles que oscilan entre $15.000 y $20.000 según la modificación de la que se trate) para presentar en los talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), el equivalente a las VTV de los autos particulares, donde nuevamente el transportista paga por el trámite.

Ahora, con la creación del tercer trámite adicional, se suma un nuevo arancel para que un ingeniero Certificador exclusivamente de AITA (Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor), verifique -en muchos casos mediante una fotografía vía online-, las condiciones técnicas de seguridad del vehículo, sin responsabilidad civil o penal alguna, y emita -previo pago del trámite- el Informe de Configuración de Modelo (ICM), para después poder efectuar la RTO.

A lo largo del año, muchas de las 4.500 pymes representadas en FADEEAC fueron denunciando distintos tipos de abusos e irregularidades (como que la “inspección” para aprobar la nueva certificación se realiza mediante una foto de WhatsApp).

Por ese motivo, desde FADEEAC se reunió primero la documentación necesaria para que el diputado nacional Aníbal Tortoriello, Secretario de la Comisión de Transporte del Congreso y empresario del rubro, presentara un pedido de informes en la Cámara baja. Y luego, tras lo acordado en el último Consejo Federal de Mar del Plata, la institución presentó un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Transporte.

En el documento, que aún no tuvo respuesta oficial, se solicita, entre otras cuestiones:

• Que la Subsecretaría de Transporte Automotor remita copia de los informes o estudios en los que se basa para determinar la necesidad de la creación del nuevo trámite duplicado.
• Precise cuáles han sido las supuestas irregularidades o faltas administrativas constatadas en los Talleres de Modificación y Reparación de Vehículos de Pasajeros y Cargas de jurisdicción nacional.
• Indique cuál es el régimen de responsabilidad civil y penal que le cabe al ingeniero certificador que participa en el nuevo trámite.
• Se informe si hay agentes que pertenecen a la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial que se encuentran asociados, vinculados o cumplen funciones en AITA.
• Se explique si estos nuevos Centros de Certificación están habilitados para realizar revisiones virtuales o a distancia de los camiones.
• Se detalle cuáles son los costos establecidos para los trámites; con qué norma se regularon los mismos y cuál fue su base de cálculo; cómo se actualizarán los mismos, quién los percibe y cuál es el destino de los mismos; cuál ha sido el monto recaudado desde su entrada en vigencia, en febrero último, y si existe algún régimen de auditoría/rendición de cuentas sobre los mismos.

En medio del complejo contexto que vive el sector, con un incremento de costos que sólo en los 10 primeros meses de 2022 supera el 92%, la puesta en marcha de un trámite que sólo duplica burocracia y costos, resulta inexplicable y genera preocupación y malestar en un sector clave para el funcionamiento de la economía del país.

Fuente: Chacra